¿No es coherencia lo que se les reclama a los dirigentes y funcionarios políticos? Las tres fuerzas de centroizquierda que votaron a favor de la ley de Medios en la Cámara de Diputados son hoy víctimas de una brutal ofensiva mediática en su contra.
Es el costo que están pagando el socialismo, el SI y Proyecto Sur por la valentía de priorizar la coherencia con sus propias historias antes que ceder a las presiones de los grandes multimedios. El caso del socialismo se destaca porque tiene mucho más que perder. En especial Hermes Binner, que como gobernador carente del hegemonismo político que facilitó la gestión de quienes lo precedieron, no tiene demasiado margen para equivocarse. Y ahora será el turno del senador Rubén Giustiniani, a quien le esperan 20 días de presiones como nunca vivió en su vida, con el objetivo de que defeccione y cambie el voto de los diputados.
Todo sobre la mesa
La semana anterior a la votación, el socialismo dejó por escrito en un comunicado del partido sus objeciones artículo por artículo y expresó que “así como estaba, no acompañaba el proyecto”. La batería de correcciones que aceptó introducir el bloque oficialista, el grueso de las cuales eran las señaladas por el PS, llevaron a acompañar el proyecto. Un nuevo comunicado detalló los cambios introducidos en la redacción final que dieron paso al voto positivo en general y al negativo en cinco artículos que no habían sido corregidos. El mismo proceso parlamentario hicieron otros partidos de centroizquierda que no son gobierno, como el SI y Proyecto Sur (este último anunció el voto positivo el mismo miércoles) lo cual demuestra la inconsistencia de las declaraciones (porque ni siquiera son denuncias) de Felipe Solá y Carlos Reutemann.
Dar cuenta detallada antes y después de la votación, con argumentos e información, es una rareza para la política argentina.
Si bien no alcanzará para evitar la megaoperación política que instaló la infundada hipótesis de un pacto espurio, al menos hace honor a las convicciones políticas. La argumentación de la diputada Mónica Fein, quien se tomó el trabajo de recuperar e hilvanar los diferentes momentos de los últimos 25 años en los cuales el socialismo propuso o intervino en debates relativos a la necesidad de una nueva ley, no da lugar a dudas de que la posición que adoptó el socialismo fue la correcta, aún cuando implicó votar el proyecto de un gobierno del cual es oposición.
Detractores
Muy distinto es el caso de los críticos del voto positivo del socialismo. La ex militante de las huestes de Antonio Vanrell, ex directora de Cooperativas de Víctor Reviglio y actual diputada provincial Alejandra Vucasovich, actuó como vocera de Carlos Reutemann al enunciar la hipótesis de un pacto entre socialistas y kirchneristas. Debería tener en cuenta que su jefe político jamás tuvo el decoro ni la valentía política de explicar cómo es que de menemista rabioso pasó a ser mudo e incondicional kirchnerista y ahora es mudo disidente.
Un temor que evaluó el socialismo antes de la votación fue el riesgo de quedar pegado a un gobierno de baja consideración pública y cuando impera en los grandes multimedios una suerte de macartismo criollo que denosta a todo aquél que no dé fe antikirchnerista. No hay dudas de que para construir poder hay que ganar elecciones y tener apoyo mediático, pero cuál es el sentido de hacer política si en los momentos históricos las convicciones y la trayectoria hay que tirarlos por la ventana.
Oportunidad histórica
Por primera vez en tres décadas la dirigencia argentina, por lo menos una parte mayoritaria, pudo sentarse a discutir la ley de radiodifusión. Lo que se debate es cómo se desarticula un factor suprainstitucional de poder pergeñado durante la dictadura, alimentado durante la democracia y constituido en torno a intereses económicos e ideológicos de grandes corporaciones empresarias, con suficiente capacidad para condicionar a los tres poderes básicos del sistema republicano. El sólo hecho de que en 30 años no se haya podido discutir la ley de Radiodifusión exceptúa de mayores explicaciones. Argentina llegó a juzgar los crímenes de la dictadura, una excepción en todo el planeta, pero siempre tropezó cuando quiso legislar sobre comunicación.
La dirigencia política argentina está ante la oportunidad histórica de limitar ese poder suprainstitucional, democratizar la comunicación y avanzar hacia una mayor libertad de expresión a partir de la multiplicidad de operadores de medios.
Un párrafo especial merece el posicionamiento de la UCR, partido con una tradición de décadas en la pelea por superar la ley de Radiodifusión. La confirmación de Gerardo Morales y Ernesto Sanz de que darán el debate en el Senado y no se irán del recinto como hicieron los diputados, parece ser el acuse de recibo de un error que otra vez mostró a los radicales yéndose en el momento que deben asumir responsabilidades políticas.
También los buenos resultaron malos
El tratamiento de la ley permite ver que los problemas de la democracia argentina no sólo son responsabilidad de políticos y gobiernos “impresentables”, “irresponsables”, “autoritarios”, “inescrupulosos”, “desinteresados por la institucionalidad” y todas esas muletillas que suelen repetirse. También hay gruesas responsabilidades por parte de opositores que no dudan en acusar y atacar a quienes gobiernan las instituciones sin la más mínima prueba, como cuando acusaron negociados con las telefónicas.
Y se suman grandes grupos comunicacionales, que iniciaron una ofensiva contra el gobierno y adherentes a la ley sin reparos éticos y ocultando el verdadero motivo que los moviliza, que por cierto no es la libertad de expresión sino el poder de influencia y condicionamiento que les garantiza el status quo actual.
Esa ofensiva incluye escandalosas operaciones de prensa contra gobiernos y dirigentes.
La semana pasada desde Buenos Aires jerárquicos de multimedios llamaban a sus filiales locales pidiendo datos de la vida personal y antecedentes de políticos santafesinos a favor de la ley ¿Para qué será?
